Publicado: 1 de Septiembre de 2016

Tras la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios, el 27 de diciembre:


Nota informativa sobre la modificación de la Ley Ómnibus en los sistemas de Videovigilancia


Hasta la entrada en vigor de la Ley 25/2009, el 27 de diciembre, sólo era

conforme a la legislación de protección de datos personales la utilización de

dispositivos de videovigilancia si se había contratado con empresas de

seguridad privada, debidamente autorizadas por el Ministerio del Interior.


La Ley Ómnibus reforma la Ley de Seguridad Privada, liberalizando esta

actividad determinando que la venta, entrega, instalación o mantenimiento

de estos sistemas podrá llevarse a cabo por particulares y empresas

distintas de las de seguridad privada siempre que la instalación no implique

una conexión con centrales de alarma.


Se modifica por tanto la exigencia de recurrir a empresas de seguridad

autorizadas por el Ministerio del Interior y de notificar el contrato a dicho Departamento.


En todo caso, deberán cumplirse en el tratamiento de imágenes las normas

establecidas en la legislación de Protección de Datos de Carácter Personal,

entre las que se incluyen el deber de informar a los interesados, la

inscripción de ficheros, y la implantación de medidas de seguridad.


(Madrid, 30 de diciembre de 2009). Hasta la entrada en vigor, el pasado 27 de

diciembre, de la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como

“Ley Ómnibus”), la legitimación para el tratamiento por particulares y empresas de

imágenes captadas a través de dispositivos de videovigilancia sólo era posible en caso

de que dichos sistemas hubieran sido contratados con empresas de seguridad privada,

debidamente acreditadas ante el Ministerio del Interior, al que además debía notificarse

el contrato que se hubiese celebrado, conforme a lo exigido por la Ley 23/1992, de 30

de julio de Seguridad Privada.


La Ley Ómnibus ha suprimido para la mayor parte de los casos estas exigencias, al

liberalizar la comercialización, entrega, instalación y mantenimiento de estos

dispositivos, de forma que ya no será necesario acudir para su puesta en funcionamiento

a una empresa de seguridad privada ni cumplir las obligaciones de notificación del

contrato al Ministerio del Interior.


En concreto, el artículo 14 de la nueva Ley modifica el artículo 5.1 e) de la Ley

23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada, añadiendo una Disposición Adicional

Sexta a la Ley de Seguridad Privada con la siguiente redacción:


“Disposición Adicional Sexta. Exclusión de las empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad:

Los prestadores de servicios y las filiales de empresas de seguridad que vendan,

entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no

incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan

excluidas de la legislación de seguridad privada, siempre y cuando no se

dediquen a ninguno de los otros fines definidos en el artículo 5, sin perjuicio de

otras legislaciones específicas que pudieran resultarles de aplicación.”


La interpretación de la mencionada disposición determina que cualquier particular o

empresa cuya actividad no sea la propia de una empresa de seguridad privada podrá:

“vender, entregar, instalar y mantener equipos técnicos de seguridad” sin necesidad de

cumplir las exigencias previstas en la Ley de Seguridad Privada para tales empresas. De

este modo, dado que la ley permite la instalación y mantenimiento de dichos equipos

por empresas distintas a las de seguridad privada, legitima a quienes adquieran de estos

dispositivos para tratar los datos personales derivados de la captación de las imágenes

sin necesidad de acudir a empresas de seguridad privada, siendo dicho tratamiento

conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.


No obstante, la instalación de un sistema de videovigilancia conectado a una central de

alarma, sí seguirá requiriendo la concurrencia de los requisitos exigidos hasta ahora;

esto es, que el dispositivo sea contratado, instalado y mantenido por una empresa de

seguridad privada autorizada por el Ministerio del Interior y que el contrato sea

notificado a dicho Departamento.


En todo caso, el tratamiento de las imágenes deberá cumplir los restantes requisitos

exigibles en materia de protección de datos de Carácter Personal, recogidos en la Ley

Orgánica y, en particular, en la instrucción 1/2006 de la Agencia Española de

Protección de Datos, como son, entre otros, los relativos a que las imágenes que se

capten sean las necesarias y no excesivas para la finalidad perseguida; el deber de

informar a los interesados, tanto a través de la colocación de carteles informativos como

mediante la puesta a disposición de aquéllos de impresos en que se detalle la

información; la notificación de la existencia de los ficheros a la Agencia Española de

Protección de Datos; o la implantación de medidas de seguridad.