• Noticias de interés acerca del Tribunal Constitucional

    Noticias de interés acerca del Tribunal Constitucional

    2 de Septiembre de 2016

    En el archivo adjunto tendrá la información sobre esta nueva noticia del Tribunal Constitucional.

  • Modificación de la Ley Ómnibus en los sistemas de Videovigilancia

    Modificación de la Ley Ómnibus en los sistemas de Videovigilancia

    1 de Septiembre de 2016

    Tras la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios, el 27 de diciembre:


    Nota informativa sobre la modificación de la Ley Ómnibus en los sistemas de Videovigilancia


    Hasta la entrada en vigor de la Ley 25/2009, el 27 de diciembre, sólo era

    conforme a la legislación de protección de datos personales la utilización de

    dispositivos de videovigilancia si se había contratado con empresas de

    seguridad privada, debidamente autorizadas por el Ministerio del Interior.


    La Ley Ómnibus reforma la Ley de Seguridad Privada, liberalizando esta

    actividad determinando que la venta, entrega, instalación o mantenimiento

    de estos sistemas podrá llevarse a cabo por particulares y empresas

    distintas de las de seguridad privada siempre que la instalación no implique

    una conexión con centrales de alarma.


    Se modifica por tanto la exigencia de recurrir a empresas de seguridad

    autorizadas por el Ministerio del Interior y de notificar el contrato a dicho Departamento.


    En todo caso, deberán cumplirse en el tratamiento de imágenes las normas

    establecidas en la legislación de Protección de Datos de Carácter Personal,

    entre las que se incluyen el deber de informar a los interesados, la

    inscripción de ficheros, y la implantación de medidas de seguridad.


    (Madrid, 30 de diciembre de 2009). Hasta la entrada en vigor, el pasado 27 de

    diciembre, de la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la

    Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como

    “Ley Ómnibus”), la legitimación para el tratamiento por particulares y empresas de

    imágenes captadas a través de dispositivos de videovigilancia sólo era posible en caso

    de que dichos sistemas hubieran sido contratados con empresas de seguridad privada,

    debidamente acreditadas ante el Ministerio del Interior, al que además debía notificarse

    el contrato que se hubiese celebrado, conforme a lo exigido por la Ley 23/1992, de 30

    de julio de Seguridad Privada.


    La Ley Ómnibus ha suprimido para la mayor parte de los casos estas exigencias, al

    liberalizar la comercialización, entrega, instalación y mantenimiento de estos

    dispositivos, de forma que ya no será necesario acudir para su puesta en funcionamiento

    a una empresa de seguridad privada ni cumplir las obligaciones de notificación del

    contrato al Ministerio del Interior.


    En concreto, el artículo 14 de la nueva Ley modifica el artículo 5.1 e) de la Ley

    23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada, añadiendo una Disposición Adicional

    Sexta a la Ley de Seguridad Privada con la siguiente redacción:


    “Disposición Adicional Sexta. Exclusión de las empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad:

    Los prestadores de servicios y las filiales de empresas de seguridad que vendan,

    entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no

    incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan

    excluidas de la legislación de seguridad privada, siempre y cuando no se

    dediquen a ninguno de los otros fines definidos en el artículo 5, sin perjuicio de

    otras legislaciones específicas que pudieran resultarles de aplicación.”


    La interpretación de la mencionada disposición determina que cualquier particular o

    empresa cuya actividad no sea la propia de una empresa de seguridad privada podrá:

    “vender, entregar, instalar y mantener equipos técnicos de seguridad” sin necesidad de

    cumplir las exigencias previstas en la Ley de Seguridad Privada para tales empresas. De

    este modo, dado que la ley permite la instalación y mantenimiento de dichos equipos

    por empresas distintas a las de seguridad privada, legitima a quienes adquieran de estos

    dispositivos para tratar los datos personales derivados de la captación de las imágenes

    sin necesidad de acudir a empresas de seguridad privada, siendo dicho tratamiento

    conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.


    No obstante, la instalación de un sistema de videovigilancia conectado a una central de

    alarma, sí seguirá requiriendo la concurrencia de los requisitos exigidos hasta ahora;

    esto es, que el dispositivo sea contratado, instalado y mantenido por una empresa de

    seguridad privada autorizada por el Ministerio del Interior y que el contrato sea

    notificado a dicho Departamento.


    En todo caso, el tratamiento de las imágenes deberá cumplir los restantes requisitos

    exigibles en materia de protección de datos de Carácter Personal, recogidos en la Ley

    Orgánica y, en particular, en la instrucción 1/2006 de la Agencia Española de

    Protección de Datos, como son, entre otros, los relativos a que las imágenes que se

    capten sean las necesarias y no excesivas para la finalidad perseguida; el deber de

    informar a los interesados, tanto a través de la colocación de carteles informativos como

    mediante la puesta a disposición de aquéllos de impresos en que se detalle la

    información; la notificación de la existencia de los ficheros a la Agencia Española de

    Protección de Datos; o la implantación de medidas de seguridad.


  • USO DE VIDEOCÁMARAS EN EMPRESAS PARA EL CONTROL LABORAL

    USO DE VIDEOCÁMARAS EN EMPRESAS PARA EL CONTROL LABORAL

    1 de Septiembre de 2016

    REGULACIÓN LEGAL DEL USO DE VIDEOCÁMARAS EN EMPRESAS PARA EL CONTROL LABORAL


    Resulta cada vez más frecuente la instalación en las empresas de equipos electrónicos de

    vigilancia para el control del personal propio o ajeno por motivos de seguridad y/o de

    supervisión del cumplimiento de las obligaciones laborales. Dichos equipos pueden tener

    múltiples funciones (grabación de imagen, de imagen y sonido, o grabación y reproducción de imagen o de imagen y sonido).


    Desde el punto de vista jurídico-laboral, esta materia plantea una delicada cuestión, como la

    discrepancia entre el derecho del empresario de dirección y control de la actividad laboral, por

    una parte, y el respeto al derecho a la intimidad del trabajador, por otra.

    El Estatuto de los Trabajadores en su art. 20.3 prevé que “El empresario podrá adoptar las

    medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el

    trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la

    consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los

    trabajadores disminuidos, en su caso”.


    Y en su art. 4 se considera “Derecho básico” del trabajador el “respeto a su intimidad y a la

    consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales y

    físicas de naturaleza sexual y frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o

    condiciones, discapacidad, edad u orientación sexual”. La evolución jurisprudencial ha fijado el

    alcance de la noción “menoscabo de la dignidad del trabajador” ampliando tal concepto y

    extendiéndolo a todo ataque al respeto que merece el trabajador ante sus compañeros y ante sus

    jefes. Asimismo, en el artículo 18 ET, “Inviolabilidad de la persona del trabajador”, se recoge ese

    derecho básico en lo que se refiere a los requisitos para poder realizar registros sobre la persona

    del trabajador o en sus taquillas y efectos personales.


    Dados los frecuentes conflictos en las empresas por este motivo, se requiere conciliar ambos

    aspectos (control por un parte y respeto por otra a la dignidad e intimidad del trabajador), sobre

    todo teniendo en cuenta que entre el control personal tradicional y el nuevo control tecnológico

    hay un evidente salto cualitativo, porque el nuevo control es permanente, lo que multiplica su

    intensidad, y permite registrar de forma completa e indiscriminada las acciones de los trabajadores.


    El problema legal consiste en determinar cuándo los instrumentos técnicos empleados por el

    empresario para controlar el cumplimiento de los deberes laborales por los trabajadores

    respetan el derecho a la intimidad o, por el contrario, pueden constituir un ejercicio ilegítimo de la facultad de vigilancia.


    Como quiera que no existe una legislación específica reguladora de la instalación y uso de estos

    equipos o mecanismo de control de la actividad laboral en los centros de trabajo, serán los

    tribunales los que, al tratar cada supuesto concreto, determinen la legitimidad o no de las

    medidas empresariales adoptadas a la vista de las circunstancias concurrentes en cada ocasión.

    Ante la situación de conflicto entre las facultades de control del empresario y el derecho

    fundamental a la intimidad del trabajador, el Tribunal Constitucional ha establecido como

    doctrina reiterada que «el derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno de los

    derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes,

    siempre que el recorte que aquél haya de experimentar, por ejemplo, mediante el control y

    vigilancia mediante videocámara, se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto

    (como es verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones), proporcionado para

    alcanzarlo y, en todo caso, respetuoso con el contenido esencial del derecho”, esto es, con la

    dignidad del trabajador.


    De acuerdo, con estas pautas generales, y a título de ejemplos extraídos de lo establecido en

    distintas sentencias:


    - No pueden instalarse cámaras de vigilancia en aquellos lugares en los que no se realiza

    la prestación laboral (servicios higiénicos, lugares de descanso, locales sindicales, etc.). Tampoco

    en aquellos lugares de la empresa en los que se desarrolla la actividad laboral pueden

    producirse intromisiones ilegítimas por parte del empresario en el derecho a la intimidad de los

    trabajadores, como podría ocurrir con la grabación de conversaciones entre un trabajador y un

    cliente, o entre los propios trabajadores, en las que se aborden cuestiones ajenas a la relación

    laboral y que integren la denominada esfera personal del individuo.


    - No pueden instalarse en lugares considerados privados (servicios, armarios, taquillas,

    salas de descanso etc.).


    - No es contrario al derecho a la intimidad instalar una cámara videográfica en la zona de

    caja y laboratorio de una farmacia por sospecha de irregularidades de una persona.


    - Las cámaras de vigilancia no puede utilizarse para fines distintos del control de la

    actividad laboral, no comprendiendo su publicación ni difusión de las imágenes captadas

    Recomendaciones a los empresarios


    Conviene tener en cuenta pautas para que la instalación de las cámaras de vigilancia sea

    legítima y respete el derecho fundamental de los trabajadores a su dignidad/intimidad:


    1. Que exista un motivo justificado de seguridad o de control de la actividad laboral.


    2. Que no exista otro procedimiento o medio menos incisivo, para la esfera personal de los

    trabajadores y que consiguiera la misma finalidad.


    3. Su ubicación será sólo en lugares de trabajo y no en sitios de uso propio personal o privado.


    4. Se procurará un uso igualitario de las instalaciones, evitando la discriminación no justificada

    en su instalación y/o funcionamiento (criterios objetivos, a ser posible).


    5. Existirá una comunicación con antelación suficiente a los representantes legales del personal

    (Comité de Empresa o Delegados de Personal), ya que éstos tienen derecho a ser informados y

    consultados sobre las decisiones empresariales referentes a la organización y control del trabajo,

    según el artículo 64.5 del ET. Dicha comunicación debería especificar las características de los

    equipos a instalar, su finalidad y demás detalles de interés.


    6. Se informará previamente al personal de la medida adoptada, así como del lugar del

    ubicación y del sistema de funcionamiento (sólo captación de imágenes, o bien imágenes y

    sonido, sólo grabación o también reproducción, etc.).


    Uso de las grabaciones de las cámaras a efectos probatorios


    En lo que respecta al procedimiento laboral, el artículo 90 de la Ley de Procedimiento Laboral

    reconoce específicamente la validez de la prueba a través de estos medios, estableciendo que

    “las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la ley,

    admitiéndose como tales los medios mecánicos de reproducción de la palabra, de la imagen y

    del sonido salvo que se hubieran obtenido directa o indirectamente mediante procedimientos

    que supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas”.







    Circular redactada por

    Sebastián Díaz Ribes.

    Abogado. Hispajuris

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    1 de Septiembre de 2014
    Ley de Propiedad Horizontal